Por Daniela Padilla
27 de noviembre del 2021
“Es necesario que México adopte una política nacional de prevención para erradicar la desaparición”
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED)termina hoy su visita a México. Es la primera visita a un país que realizan en cumplimiento del artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Durante la visita, recibieron información preocupante, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A ello se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado.
México no ha cumplido con las recomendaciones, algunas de ellas urgentes, formuladas en los últimos años por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que permitirían tener datos más confiables contra el delito, además de que la “impunidad es casi absoluta”, aseguró la representante del organismo, Carmen Villa.
La representante de la ONU mencionó que para superar la impunidad exige una estrategia integral del Estado y abordar sus diversas causas, como, la ineficacia en los cuerpos de investigación.
Al concluir los trabajos de 10 días en México, Villa destacó que, incluso, encontraron que durante la pandemia del COVID-19 hubo un incremento “notable” en las desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres, un delito que sigue siendo “generalizado” en el país.
Según datos oficiales, actualmente existen 95 mil 121 personas desaparecidas en México, aunque no está claro cuántos de estos casos fueron desapariciones forzadas, es decir, perpetradas por agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo.
Actualmente, México se sitúa en segundo lugar, después de Irak, como el país con mayor número de acciones urgentes presentadas ante la ONU, un mecanismo de protección a víctimas que obliga a realizar acciones de búsqueda e informar sobre las mismas en casos de desaparición forzada.
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